Que “la sangre no llega al río”, es un viejo refrán significativo de que una situación no es muy grave. No puede aplicarse en el momento financiero que vive parte de la política uruguaya. La realidad tiene una gravedad que “la sangre va llegando al río”; detallo a vuelo de pájaro un puñadito de imágenes puntuales. El puerto, en su principal terminal, ha sido “concedido” en explotación a una empresa privada por más de una generación, por parte de un gobierno que usó al Estado en detrimento del país; un ente binacional que integra la república, usa fondos del pueblo, para construir una estructura partidaria (Delegación Uruguaya de Salto Grande); personal de extrema confianza del presidente de la República (jefe de seguridad), opera a favor de terceros desde la sede del gobierno; fundamentalmente los partidos integrantes de la coalición gubernamental, no aprueban una ley de financiamiento de partidos políticos que elimine posibilidades de intervenciones de corrupción por parte de intereses económicos; en el continente el narcotráfico asesina o ataca a políticos que se le oponen… Aunque no se quiera pensar con pesimismo, la sangre está demasiado cerca del río. Todo lo descripto tiene, o puede tener, relación con una conducción ilegal o por lo menos anti ética de miembros de las fuerzas gobernantes. El Uruguay transparente, legalista, monolíticamente republicano, tiene fisuras demasiado grandes para ignorarlas. Si le agregamos que la laxitud ante las tentaciones inmorales es contagiosa, y que a alguno que “quiere llegar” a cargos más altos puede seducirlo la desviación moral, aunque su fuerza política lo tenga prohibido, se completa un cuadro de riesgo extremo; ”la sangre puede llegar al río”, por lo menos en sentido figurado.
Estos días el periodismo y el espectro político todo, se ocuparon de uno de los temas que mencioné más arriba: la aparente utilización de fondos uruguayos de la delegación de Salto Grande, para construir una estructura de acción partidaria en el Norte. Pocos referentes gubernamentales nacionales han salido a dar explicaciones sólidas sobre el uso de las transferencias de dinero de Rentas Generales a la CTM uruguaya. He tratado de escuchar y leer a la mayoría, sobre todo a aquellos que, por su cargo (y su abultado salario) deben tener información de calidad. No me convencieron; fortalecieron mi pensamiento de que fundamentalmente se cimentó una organización partidaria de cara a reunir voluntades electorales en forma antidemocrática. “Siempre hubo transferencias por encima de la base presupuestal”- fue el concepto de un jerarca especializado-. Agregó conceptualmente “ y si hemos tomado personal es porque cambiamos la forma de gestión y lo necesitábamos”. Quien escuchó puede sentir la tentación de creerlo, pero hay que resistir los cantos de sirenas. Tan pronto se sabe que casi la mitad de los contratados por CTM uruguaya son ediles de una lista política del presidente de la delegación y que los demás, le son cercanos o forman parte del otro partido tradicional, y que en último caso no concursaron y se designaron “a dedo” con sueldos por encima de 80.000 pesos, se cae la argumentación.
CTM de Salto Grande volvió a ser una agencia de colocaciones como en los tiempos anteriores al Frente Amplio. Sólo entran miembros de la coalición gobernante, por designación directa, con sueldos muy altos y con la posibilidad cierta de quedar a vivir en el cargo, aunque cambie el pelo del gobierno. Es una afrenta: a la democracia y a la población, que se trata de encubrir con donaciones, mientras con vida solucionada y tiempo libre, los nuevos empleados hacen política partidaria.
Para confirmar mi rechazo al argumento de que es “para cambiar la gestión”, algún vocero dice que “Salto Grande ahora si vuelca apoyo al departamento de Salto, pues antes no hizo nada”. La inconsistencia de la aseveración es manifiesta: la Delegación Uruguaya de CTM designada por el Frente, volcó millones en electrificación rural, iluminación de ruta, proyectos colectivos, apoyos institucionales, y obras de bien común; además de negociar con el BID un aporte al mejoramiento de la costa del río, que se usa en este gobierno. Por supuesto que en la actualidad se trata de justificar el rechazo al anterior mecanismo que n hizo politiquería, pues no hubo amiguismo ni creación de un andamiaje partidario. Entiendo que esta administración de CTM haya rechaza a continuar con el financiamiento de un radar meteorológico, por ejemplo, porque obviamente ese instrumento trascendente, no traería votos en las elecciones, y que más aplausos genera poner luces en una cancha o regalar un juego de camisetas, que digan “Salto Grande”.
Se trata de una vergonzosa opción para el financiamiento del accionar político, mientras se tranca una Ley de financiación de Partidos, que imponga trasparencia e impida la perforación por parte de fuerzas clandestinas.
Quienes operan de esta manera, han atacado a otras fracciones que podrían estar haciendo clientelismo y acciones similares. También merecen denunciarse, porque contribuyen a que “la sangre esté llegando al río”.
La sangre va llegando al río (Por Ramón Fonticiella)
