Exposición realizada la pasada sesión en la Junta Departamental por la edil de la 1986 del Frente Amplio, Marcela Da Col, refiriéndose a la situación del turismo y los trabajadores del sector.

Por estos días ha cobrado notoriedad pública, a nivel local y nacional, el cierre de los centros termales en semana de turismo. Los reclamos y reproches proliferaron y repercutieron en todos los medios imaginables de comunicación. Hoy con el diario del lunes – con los diarios de dos lunes – podemos aseverar que bastó la mención del cierre de estos centros en conferencia de prensa para que empezaran a caer las reservas; probablemente los potenciales turistas habrían resuelto evitar la movilidad. Pero además debemos tener en cuenta la respuesta de algunos operadores turísticos que optaron por permanecer cerrados y así lo hicieron saber a través de comunicados emitidos. Lo cierto es, también, que más allá de las garantías que nos ofrecen los protocolos, la cantidad de contagios en nuestro departamento ha sido y sigue siendo elevado, fluctuando entre 600 y 800 casos diarios y en ocasiones superando esa cifra. Ante este dato de la realidad, la decisión de priorizar la vida y la salud es irrefutable.

Ahora bien, a todo esto, no podemos ni debemos perder la perspectiva de que la pandemia ya lleva un año entre nosotros y que esta no es la primer temporada que afecta al sector sino la segunda y consecutiva, por lo que cabe preguntarnos qué hemos hecho en todo ese lapso.

Desde marzo de 2020, el PIT CNT, la central única que nuclea a todos los trabajadores sindicalizados y defiende los derechos de toda la clase, propuso una batería de medidas que incluía la ampliación del seguro de desempleo, la especial atención a monotributistas, a pequeños comercios y pequeñas empresas y todo aquel que perdiera sus empleos o recibiera el impacto de la baja de consumo. Así el 1º de mayo llegó con una plataforma de doce puntos de los que solo mencionaré dos: la creación de una renta básica de emergencia que permita contar a todos los damnificados con un ingreso mínimo y la no reducción del gasto público en el momento en que más recursos se requerían para atender la emergencia.

Pero un año después, ni los trabajadores formales o informales, ni los trabajadores independientes monotributistas, ni los pequeños comerciantes, pequeños empresarios ni pequeños productores han tenido acceso a una política global y de fondo para subsanar los daños ya ocasionados y reactivar el sector. Hasta ahora, las pocas medidas de apoyo implementadas no han surtido efecto ni lo harán si llegan a destiempo, descoordinadas y proponen barreras que benefician a unos pocos.

Ya lo decía el PIT CNT en el Día Internacional de los Trabajadores el año pasado, el virus vino a desnudar las injusticias estructurales de un sistema pensando al servicio de la tasa de ganancia del capital y no del desarrollo integral de las personas, si no, por qué tanto celo al gasto público? ¿Por qué insistir en el cuidado de los malla oro a costa de todo el pelotón?

la diaria del día 13 de abril, informa que el Ministro de Turismo impulsa un paquete de medidas pero dependen de la posición del Ministerio de Economía y Finanzas que todavía no se pronuncia y viene postergando la definición. Lo cierto es que necesitamos de un Estado presente, que proponga ámbitos de negociación nacional e internacional sobre proyectos de reactivación del sector.

Y, como “nada podemos esperar sino de nosotros mismos” como decía Artigas, se hace imperioso convocar a un diálogo departamental donde unificar reclamos de los sindicatos, de las gremiales de los operadores privados, de la Mesa de Turismo y de la gran empresa pública que es la Intendencia. Desde la Junta Departamental y representantes nacionales, debemos contribuir en la generación de ese espacio de diálogo fraterno y constructivo para acordar la salida que se necesita para el bien de miles de salteños y sus familias.

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