Estimados, comparto algunos datos sobre pedidos de acceso a la información pública dirigidos a la Intendencia de Salto, en el marco de la ley Nº 18.381.
SOBRE FUNCIONARIOS
La Intendencia reconoce que ingresaron 606 funcionarios desde la asunción del Intendente Lima, de los cuales 330 fueron con la herramienta de designación directa, algo que critican desde su fuerza política y desde el propio Lima antes de asumir. Llama la atención los criterios en los Municipios, de los cuales ingresan en seis, menos en San Antonio (donde gobierna el Partido Colorado desde 2015). En Mataojo, el Municipio de menor cantidad de personas, es donde van ingresando más. Hasta un ex Alcaldesa.
En cuanto a la contratación de empresas unipersonales para prestar servicios en la Intendencia y de cooperativas de trabajo, reconocen que se emplean las mismas, pero no contestan cuantas personas involucran ni los recursos que destinan.
SOBRE VIÁTICOS
Desde julio de 2015 hasta el 31 de mayo de este año, la Intendencia gastó 87.521.998 pesos en viáticos. Si tomamos la cantidad de días de 8 años, representan unos $30.000 por día sin discriminar fines de semanas o feriados. En el año 2023, el Intendente lleva 44 días ausente del Departamento cobrando viáticos. Dicen que no se realizan rendiciones de cuentas, tampoco informan los destinos y los motivos por los cuales se hacen los viáticos.
Lo no informado, continuará por vía judicial como habilita la ley.
En cuanto al ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, sito sentencia del Tribunal de Apelaciones de 6to turno de este año cuya ficha es 2-23048/2023:
«El derecho de acceso a la información que está ejerciendo el actor es considerado una herramienta fundamental para el control ciudadano del Estado y la gestión pública – en especial para el control de la corrupción -«.
«La Ley Nº 18.381 prevé el acceso a la información pública y tiene como objetivo el promover la transparencia de la función administrativa de los organismos públicos, ya sean estatales o no, garantizando de esa forma el derecho de las personas al acceso a la información de los mecanismos de actuación y decisión de la administración.
