La Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) se movilizó este miércoles en Plaza Artigas “velar a las políticas sociales”.
En la oportunidad estuvo presente 10minutos al momento de leerse la proclama que compartimos:
UTMIDES
Las políticas sociales son imprescindibles allí donde el mercado falló
De acuerdo a los anuncios oficiales, el gobierno tiene previsto cerrar este mes el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT). Es el último gran programa de territorio, el más antiguo que existe en el MIDES y que funciona desde el año 2005. Es un programa emblemático porque sirvió para aterrizar las políticas sociales en territorio, y además, fue la una valiosa forma de que el Estado se apoyara en la sociedad civil organizada.
El anuncio del cierre de este programa implica la pérdida de unas 200 fuentes de trabajo y para el sindicato además representa que, en casi cien puntos del país, se cerrarán espacios de atención directa a la ciudadanía y de vínculo directo con el MIDES.
Es el décimo programa del MIDES que cierra directamente en este año y medio de gobierno. Por eso decidimos junto con el SUTIGA movilizarnos para ‘velar’ las políticas sociales.
Las políticas en la materia que lleva adelante el actual gobierno son otra cosa, les queda grande denominarlas políticas sociales. Porque si hablamos técnicamente, no tienen todos los componentes que una política social debería de tener.
Desde la visión del sindicato, hay una clara definición del actual gobierno de derivar las políticas públicas en materia de desarrollo social hacia empresas. La semana pasada escuchábamos a nuestro ministro decir explícitamente que un supermercado iba a contratar a población MIDES y que eso no le iba a insumir al MIDES ningún recurso. Entonces la pregunta es ¿por qué esto debería ser considerado como una política social?
¿Qué es lo que estamos haciendo como Estado? ¿Supliendo al Gallito Luis? Nadie niega que es muy importante la inclusión laboral de las personas, pero hay que tener en cuenta los componentes, los objetivos, cómo se miden, quién accede y quién no accede a esos puestos de trabajo que se supone el Estado es quien estaría facilitando.
Para la secretaria general de UTMIDES, todos estos aspectos son relevantes y hoy no están colocadas sobre la mesa a la hora de analizar los supuestos programas que parecen más acuerdos entre el ministro y una empresa que otra cosa, porque no hay soporte técnico que les den sustento, no hay apoyos desde otros ámbitos que den elementos para hablar de políticas públicas. En este sentido, se preguntó si los acuerdos para brindar oportunidades de trabajo no deberían estar bajo la órbita del MTSS. Al final acá no hay desarrollo social y nos preguntamos qué pasa con las dimensiones de inclusión, ya sea socioeducativa, sociolaboral; qué pasa con la promoción de la salud, de la educación, entre otras. Y por supuesto que lo comunitario se está dejando de lado.
En cuanto al relato oficial de priorizar la eficiencia por cualquier otra variable, la importancia del «ahorro en pandemia» y «la austeridad», incluso en medio de una crisis económica y social como la actual, se entiende que es la lógica característica de quienes consideran que las políticas sociales “son un gasto”.
Actualmente prevalece el discurso del ahorro, y que las políticas sociales no son una inversión sino un gasto. Sentimos hablar en esos términos todo el tiempo, correspondiendo a una mirada que tiene que ver con la producción y el mercado, pero precisamente la política social ingresa allí donde el marcado ya falló. Y no se puede hablar en términos numéricos, porque estas políticas nunca te van a dar ganancias económicas. Las cuentas nunca te van a cerrar, no se trata de eso.
Los programas que el gobierno de Lacalle Pou y las gestiones ministeriales de Pablo Bartol y Martín Lema decidieron sentenciar son: Uruguay Trabaja; Jóvenes en Red; el Programa de acompañamiento al egreso comunitario; el programa de Primera experiencia laboral para jóvenes; el programa Impulsa del INJU; la Canasta de servicios; el Servicio de abordaje familiar y Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF); se cerraron todos los ingresos a los dispositivos de cuidados (por ejemplo asistentes personales, centros de día, becas de inclusión socioeducativa); no hay más ingresos a la Asistencia a la vejez, y por último el SOCAT.
