El dirigente colorado Leonardo Vinci volvió a la Cámara de Representantes, en sustitución del Dr. Horacio De Brum. En el marco de su retorno al ámbito parlamentario nacional, presentó una serie de relevantes iniciativas legislativas, entre las que destaca de manera especial un proyecto de ley orientado a la racionalización integral del régimen de sanciones y trámites vehiculares en todo el territorio de la República.
MULTAS IMPAGABLES
La propuesta legislativa surge a partir de una constatación concreta en la realidad cotidiana de nuestro país: si bien el sistema de tránsito debe preservar de forma prioritaria sus fines esenciales de prevención, educación y seguridad vial, resulta imprescindible evitar que una infracción administrativa de naturaleza económica se convierta, por el simple transcurso del tiempo o por la acumulación desmedida de deudas, en una situación prácticamente imposible de afrontar para los ciudadanos. Con este objetivo, la iniciativa busca introducir criterios de proporcionalidad, razonabilidad, equidad y seguridad jurídica en las normativas administrativas actualmente vigentes.
PRESCRIPCIÓN DE OFICIO SIN TRÁMITES TEDIOSOS Y ABSURDOS
Entre los puntos más destacados del proyecto de ley se establece formalmente la prescripción de oficio de las multas y demás obligaciones pecuniarias derivadas de infracciones de tránsito al cumplir un plazo máximo de cinco años. De este modo, se pretende impedir que las deudas permanezcan registradas de manera indefinida en la Administración y continúen generando consecuencias que obstaculicen la vida civil y laboral de las personas durante periodos desmedidos. El Poder Ejecutivo había propuesto elevar a diez años las prescripciones.
NO SE PUEDE COBRAR MÁS DEL 30 % DE LO QUE VALE EL VEHÍCULO
En materia de proporcionalidad, la iniciativa contempla una regla especial para las motocicletas y demás birrodados, disponiendo que el acumulado total de las multas impuestas no pueda superar el treinta por ciento del valor comercial del vehículo. Esta disposición responde directamente a que los birrodados representan el principal medio de transporte y de trabajo para miles de familias uruguayas. Cabe destacar que quedan estrictamente exceptuadas de este tope protector aquellas infracciones de extrema gravedad, tales como conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, participar en competencias de velocidad no autorizadas o provocar siniestros de tránsito que deriven en consecuencias personales severas.
HAY DEVOLVER LOS VEHÍCULOS RETENIDOS
Asimismo, el articulado del proyecto marca una clara distinción entre la sanción administrativa y los mecanismos de cobranza de deudas. En ese sentido, se establece la restitución obligatoria de los vehículos retenidos una vez vencido el plazo legal máximo de inmovilización, aun cuando existan obligaciones económicas pendientes de pago. Esta medida asegura que la retención no se extienda de forma indefinida por razones estrictamente pecuniarias, dejando a salvo la potestad del Estado para perseguir el cobro por las vías correspondientes y respetando las retenciones motivadas por órdenes judiciales o irregularidades documentales.
ADVERTENCIAS EN VEZ DE MULTAS ANTE LA PRIMERA INFRACCIÓN
En relación con los conductores, se promueve un enfoque pedagógico ante la primera infracción leve cometida en birrodados. En lugar de aplicar una carga económica inmediata, se prevé una advertencia formal y la participación obligatoria en instancias educativas sobre conducción segura. En caso de reincidencia dentro del periodo fijado, se contemplan sanciones más severas, como la suspensión del permiso e inmovilización del vehículo por treinta días.
DESBUROCRATIZAR TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Por otra parte, la norma agiliza y simplifica los trámites de regularización documental de las unidades mediante diversos medios de prueba para acreditar la posesión o propiedad legítima del birrodado.
NO SE PUEDE EXIGIR EL PAGO DE MULTAS PARA TRAMITAR EL PERMISO DE CONDUCIR
Finalmente, la iniciativa desvincula por completo la existencia de deudas por multas del trámite administrativo para obtener, renovar o revalidar el Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC), evitando que los compromisos económicos bloqueen el derecho a conducir, especialmente cuando el vehículo constituye un instrumento de trabajo indispensable.
