Tip Jurídico: El testamento vital en Uruguay.

Uruguay cuenta con una Ley que reconoce a las personas el derecho a manifestar anticipadamente su voluntad de oponerse a la aplicación de tratamientos que prolonguen su vida, si así lo manifiesten en forma apta, voluntaria, consciente y libre.

Se Reconoce derecho a:

  • oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma;
  • decidir sobre el futuro de su cuerpo y órganos una vez de fallecido;
  • negarse a recibir atención médica y a que se le expliquen las consecuencias de la negativa para su salud;
  • nombrar un representante, mayor de edad, para que vele por el cumplimiento de esa voluntad.

Se podrá hacer efectiva su voluntad de forma anticipada cuando el paciente se encuentre en estado terminal de una enfermedad incurable e irreversible. La persona debe expresar su consentimiento por escrito; debe llevar su firma y la de dos testigos. También podrá manifestarse ante escribano público quién documentará la voluntad en escritura pública o acta notarial.

Esta voluntad anticipada se registra en la historia clínica del paciente. El médico tratante, los empleados del médico tratante y funcionarios de la institución de salud de la cual el titular sea paciente, no pueden ser testigos de la expresión de voluntad anticipada.

La voluntad anticipada puede dejarse sin efecto por el titular (ser revocada), en forma verbal o escrita y en cualquier momento. El médico debe dejar constancia en la historia clínica.

El diagnóstico del estado terminal de una enfermedad incurable e irreversible, debe ser certificado por el médico tratante y además debe ser ratificado por un segundo médico en la historia clínica del paciente.

En caso de pacientes terminales que no hayan manifestado anticipadamente su voluntad (por estar incapacitados o inconscientes), la Ley dispone que la decisión sobre la suspensión de los tratamientos o procedimientos médicos puede ser tomada por cónyuge o concubino, y/o padres e hijos.

En todos los casos de suspensión de tratamiento el médico tratante deberá comunicarlo a la Comisión de Bioética de la institución de salud.
Recibida la comunicación deberán resolver en 48 horas, y si no resuelve expresamente se entenderá aprobada la suspensión del tratamiento.

Asimismo las instituciones de salud deberán comunicar la suspensión de tratamiento a la Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud del Ministerio de Salud Pública.

La Ley prevé entre varios deberes a las instituciones de salud el de garantizar el cumplimiento de la voluntad anticipada del paciente expresada por escrito incorporando el documento a su historia clínica, proveer programas educativos para su personal y usuarios, sobre los derechos del paciente que estipula esta Ley y no condicionar la aceptación de usuarios ni discriminarlos por si éstos han documentado o no su voluntad anticipada.

 

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