Sobre la liberación de Pablo Gonçalvez: LEGISLAR SI, IMPROVISAR NO…

Los personajes siniestros como Pablo Gonçalvez, hacen trastabillar la serenidad, especialmente en nuestro Salto, donde consideraciones de conocimiento y afecto hacen más perdurable e intensa la indignación, y tienta el apoyo irreflexivo a soluciones extremas.

Eso es terrible. La compleja relación entre el delito y  la ley penal deben tratarse desde la reflexión y no desde la emoción, respetando la larga tradición de la justicia  latina de la que somos tributarios, que establece entre otros criterios no juzgar dos veces por el mismo delito, (“non bis in idem”), y la irretroactividad de la ley penal, salvo en los casos de una norma que beneficie al reo. Sin olvidar que cumplida la pena, se extingue el delito.

La idea de una revisión de la normativa en los casos de asesinos seriales, psicópatas irredentos y otros casos de notoria peligrosidad, quizás sea necesaria, pero no debe hacerse desde la emoción generada por un hecho del pasado, con simplismo oportunista.

Quizás debiera considerarse, (siempre hacia el futuro), en los casos de asesinatos sucesivos, habilitar la acumulación lineal de las penas, como ocurre en algunos países; si hubiera existido esa norma, Gonçalvez , (como muchos otros multihomicidas que ha habido en las últimas dos décadas), habría sido condenado a 90 años, y no estaríamos siquiera considerando el tema, y menos aún pretendiendo enmendar decisiones judiciales que fueron adoptadas  en su momento, según la normativa vigente, hace 23 años, que son cosa juzgada y por ende inamovible.

La legislación de acumulación de penas, y su contracara, la de unificación de penas que en los casos de múltiples delitos solo obliga al cumplimiento de la pena mayor, por añadidura, no ofrecen respuesta sencilla. Es por ello que hasta en los casos de acumulación, se establece un tope máximo (que en la mayoría de los casos es de 40 años), basado en razones de humanidad, en la exigencia de un esfuerzo de reeducación, y consideraciones  procesales complejas en lo que refiere a como se interpretará una norma que no es simple aritmética.

Desde luego que hay soluciones extremas; mirando el listado de asesinos seriales mundial  en el que Gonçalvez figura como primer “asesino serial uruguayo”, vemos que comparte la categoría de tres asesinatos con dos australianos, uno de ellos Peter Dupas que cumple tres condenas perpetuas, y el otro Eddie Leonski, que fue condenado a muerte y ahorcado; (en 1942).

Descartando tales  extremos, la realidad que plantea el caso de Gonçalvez, y el estado de alarma público-periodística que genera, debiera promover el análisis de la legislación necesaria para estos casos, pero desde la perspectiva de una búsqueda de una mejor solución para situaciones excepcionales, y en el claro entendido que ello solo se aplicará en el futuro. La cosa juzgada y la pena cumplida, no admiten otra posibilidad.

Lo que hace falta pues es un trabajo  multidisciplinario, con aportes de la cátedra, de la judicatura, con un elemental ejercicio de derecho comparado e información de otras realidades y soluciones penales. Recién cuando esa tarea esté cumplida, será el momento de la consideración de alguna propuesta legislativa, que ofrezca  una respuesta genuina y justa en el contexto de una seguridad ciudadana gravemente afectada, no ya por sucesos de hace más de dos décadas, sino por el drama cotidiano de las víctimas de la violencia delictiva que el Uruguay padece y el gobierno niega.

  1. J. Llantada Fabini