SALTO MERECE ALGO MEJOR DE SUS GOBERNANTES

Desde hace tres años Salto se encuentra en estado de crisis. Podemos fijar el inicio de la misma cuando la situación económico-financiera de la Intendencia departamental comenzó a colapsar, en simultáneo con el extenso período electoral de la República. Desde entonces demasiados insucesos han ocurrido.

El departamento ha padecido tres inundaciones de importancia, las lluvias han sido extraordinarias, la caminería rural está destruida, (no solo por las lluvias), las calles muestran un deterioro nunca visto, la economía languidece por la caída de los precios internacionales, el porcentaje de desempleo es el más alto del país. (Observatorio Económico de la Universidad Católica)

En este mes que se inicia, se cumple un año de la elección municipal que regresó al Frente Amplio el gobierno de Salto; la nueva administración, recibió la Intendencia en estado de cesación de pagos, con un endeudamiento muy importante, al extremo que antes de asumir el actual gobierno, en la Junta Departamental, con los votos de los ediles salientes del Partido Colorado, se aprobó la autorización para contraer deudas en modalidad de fideicomiso hasta 1.000 millones de pesos, (30 millones de U$S), con un plazo de hasta quince años.

Si bien la asfixia financiera ha sido superada y no se escuchan reclamos de los proveedores, poco más ha ocurrido; excepto el despido de 250 funcionarios, el ingreso de más de un centenar de nuevos funcionarios, la renuncia de técnicos que eran el “eje” del “equipo de gobierno” del Intendente Lima, aumentos en contribución inmobiliaria urbana y rural, patentes, tasas, entradas y boleto de ómnibus; todo ello matizado por denuncias contra el anterior gobierno, y contra integrantes del propio. A raíz de esto último, el Presidente de la Junta Departamental y dos ediles acusados por el Intendente Lima de malversación, bloquearon la aprobación del presupuesto quinquenal, y uno de ellos lo demandó por difamación.

Esta semana, el tercer Director de Obras, (el segundo aparentemente fue cesado por iniciar su campaña electoral en forma prematura), enfrenta el desafío de dar una respuesta consistente a la crisis general de calles y caminos del departamento, donde hasta el casi indestructible hormigón fabricado hace 80 años por la empresa alemana que construyó las represas del Río Negro, ha comenzado sucumbir al desgaste del uso, la erosión hidráulica subterránea y las desprolijas intervenciones de OSE y la Intendencia.
Pero no se trata de hacer un inventario de dificultades, sino de advertir que si bien los problemas de Salto son de todos los salteños, hay algunos salteños a quienes les corresponde una mayor cuota de ellos, y resulta tarea ingrata hacer una convocatoria a asumir plenamente la responsabilidad institucional que les compete, y que por cierto no les resulta algo novedoso.
Salto tiene un Intendente (que antes fue diputado), un Senador (que antes fue Intendente), tres Diputadas, (unas de las cuales fue Secretaria General de la Intendencia), y un Director de Salto Grande (que fue Director de la Intendencia), entre los seis le cuestan mensualmente al bolsillo de los ciudadanos una cifra del orden de $ 1:400.000.- (Un millón cuatrocientos mil pesos), o U$S 45.000.- (Cuarenta y cinco mil dólares).
El Intendente, (que no da abasto en la tarea de “bombero” de su propio “incendio”) y el ex intendente, (que estaba en “licencia política” de su liderazgo), se acusan recíprocamente de mentirosos, mientras desde uno y otro bando, (y por todos los medios imaginables), arrecian las campañas de ataques descalificando acciones y personas, sin respetar siquiera el ámbito privado y de la familia; dando la sensación que la campaña electoral 2.014-2.015, no solo no ha terminado, sino que continúa con creciente intensidad y virulencia.
Sin desconocer que la pasada campaña fue de una agresividad nunca vista, y que de ella quedan heridas, rencores y malquerencias; el enfrentamiento debe cesar. Los ciudadanos electos por la ciudadanía tienen la obligación de sumar esfuerzos para resolver los problemas del departamento. Tienen, mal que les pese, la OBLIGACION de “llevarse bien”, anteponiendo sus deberes de funcionarios a los sentimientos personales.

La gravedad de la situación así lo exige, y la ciudadanía, está fatigada de presenciar el espectáculo de una “guerra” estéril y desangelada, mientras la realidad golpea y la situación se agrava cada día; inclusive si egoístamente lo único que preocupase a los contendientes fuera su reelección, harán bien, (atendiendo su futuro laboral), en comenzar a buscar soluciones a los problemas de la gente. Porque, además, para eso les pagan.

M. J. Llantada Fabini