Salto Merece Algo Mejor (5)

llantadaNADA PARA FESTEJAR EN EL “MUNDO AL REVÉS”

Si se denuncia a uno o varios funcionarios por falsificación de documento público, apropiación indebida y estafa, y existen los elementos probatorios de tal acción, no cabe mayor duda que el denunciante ha actuado “en auxilio de la causa pública”, que la publicidad del hecho no puede ser tipificada como delito de “difamación”, ya que es justamente el caso en que la ley habilita la “prueba de la verdad”, y producida ésta el delito no existe.

Pese a las muchas reservas y discrepancias que me genera Andrés Lima, (que no es del caso enumerar en la oportunidad), debo afirmar que esos conceptos básicos de interpretación de la normativa referida a los llamados “Delitos de Prensa” están absolutamente vigentes, y que la condena fulminante del Intendente de Salto por haber denunciado, (con las boletas falsificadas a la vista), la inconducta de los ediles de su propia agrupación y partido, debiera ser anulada en la instancia de apelación.

Dicho esto, agrego que lo realmente grave, no es el análisis de los aspectos jurídicos, legales y de legitimidad de esta sentencia, sino lo que ha quedado fuera de la vista por  el humo de la pirotecnia informativa; entre otros  el estado de la diligencia de la denuncia por delitos de falsificaciónapropiación indebida y fraude, que son delitos graves previos y concretos, (donde cabe también la presunción de un actuar concertado de los perpetradores); así como la celebración del insuceso institucional que afecta a Salto, como si se tratara del resultado de un partido de fútbol.

La sombra ominosa de la frase “lo político está por encima de lo jurídico” parece sobrevolar todo esto, y dar razón a los cuestionamientos que hacíamos en nuestra nota anterior sobre  la calidad y jerarquía del conjunto de ideas que parecen estar en el núcleo del creciente descalabro institucional que viene jaqueando a los gobiernos departamentales, desde hace más de una década.

RESUMIENDO LOS HECHOS:

  • Ediles de la coalición gobernante falsifican boletas con propósito de lucro.
  • Todos cobran el dinero mal habido.
  • Son descubiertos por la Contaduría de la Intendencia, y uno de ellos confiesa.
  • El Intendente,  indignado, denuncia el hecho en conferencia de prensa.
  • Denuncian al intendente por difamación e injuria
  • El Intendente es procesado y condenado a pena de cárcel, “en suspenso”.
  • El responsable confeso de la maniobra, sigue presidiendo la JuntaDepartamental.
  • La denunciante del Intendente, abandona la coalición pero mantiene su banca de edil.
  • La denuncia penal de los ediles por los delitos que dieron origen a la controversia, aún no ha producido ningún resultado.

Puestos en orden los acontecimientos, nada parece haber que celebrar, ni desde el punto de vista de la justicia, ni del buen funcionamiento de las instituciones, ni de la política, considerada ésta última en el orden de prelación de: primero lo mejor para el país, luego lo mejor para sus instituciones e inmediatamente los mejor para sus ciudadanos. Claro que si en todo esto, lo que prima es la mezquina intención de “arrimar la brasa a la sardina” de los intereses particulares de cada uno, es otra historia; una del mundo “al revés”.

  1. J. Llantada Fabini