Lapidario informe de la Investigadora con respecto a las irregularidades en la administración del Frente Amplio

El pasado lunes fue aprobado en la Junta Departamental, el informe de la Comisión Investigadora que tenía a su estudio las irregularidades en la Oficina de Turismo durante la gestión del exintendente Ramón Fonticiella (2005-2010).

El informe consta de 12 páginas con durísimos cuestionamientos a lo actuado por las anteriores autoridades de la Intendencia.

En el punto seis (Página 7) indica que, según se desprende de lo actuado por el Tribunal de Cuentas de la República en la Auditoria, dichas desprolijidades podrían describir figuras delictivas por lo cual se entiende necesario presentar una segunda denuncia penal y comenzar el proceso de una demanda civil.

Los verbos nucleares aparentemente conjugados en la especie son: “apropiación indebida”; “estafa”; “falsificación de documentos públicos”; “fraude”; defraudación tributaria” y “asociación para delinquir”.

A continuación compartimos un resumen de lo actuado por la Comisión Investigadora. El mismo menciona nombres de empresarios, comunicadores y ex jeraracas de la anterior administración. El documento es público, por lo cual, cualquier ciudadano que pretenda informarse de lo actuado podrá solicitar una copia del mismo.

 

1- HECHOS

 

1.     Siendo la prueba del pago para ingresos turísticos a las Termas de Daymán, la colocación de una pulsera numerada, éstas – que no tenían el debido control- eran entregadas en forma gratuita a múltiples personas (en un solo semestre se constataron 4.986), cabe preguntarse: ¿faltaron las tirillas o faltó el dinero de producto de su venta?, de todas formas la pérdida es la misma.

2.     El funcionario con cargo de Tesorero de la Intendencia Departamental, destituido oportunamente por otros ilícitos, mantenía el efectivo en una caja fuerte, poseyendo sólo él la única llave con la que se cerraba dicho mueble, siendo recibido dineros de propiedad del Gobierno Departamental directamente en la oficina de turismo, dinero que no era volcado ni a la contabilidad ni a la referida caja fuerte de la Intendencia. Esos desvíos solían ocurrir cuando los operadores turísticos se dirigían directamente a la oficina de turismo para adquirir libretas de entrada a las termas, entregar señas por alojamientos o pagar rentas de alquiler de locales comerciales, locales que a la postre quedaron adeudando por concepto de alquiler y de energía eléctrica consumida.

3.     Por los conceptos referidos anteriormente, la Intendencia (oficina de Turismo) emitía Boletas de Contado con inclusión de I.V.A, el cual no era volcado a la D.G.I, lo que constituye un delito específico; dinero que tampoco ingresó en el erario departamental.

4.     En la adquisición de bienes y en la contratación de servicios, no actuaba el ordenador de gastos autorizado, sino un funcionario “qualunque”.

5.     Existen facturas de la empresa “JVR Producciones” cuyo pago autorizara el entonces Director de Turismo, Marcelo Fonticiella por $545.600, de la empresa Agora por $812.029 y de la empresa “Fe Producciones” por $ 738.227, sin haber sido imputadas contablemente y sí deducidas las partidas directamente de los ingresos de dicha Dirección de Turismo.

6.     Se pagaron gastos durante la semana de turismo de 2008 por $ 235.221 lo que sin embargo habían sido cubiertos parcialmente por el Ministerio de Turismo; de lo cual existe la declaración del Jefe de Contaduría de la época de que se trató de una orden verbal, obviamente superior.

7.     Partidas de dinero entregadas a varios funcionarios que figuran como “gastos a rendir cuenta” fueron utilizadas en cambio para las compras de bienes o de servicios; sus pagos fueron efectuados por el mencionado Jefe de Contaduría a pedido del Director de Turismo. Los cuatro funcionarios que rotaban en dichos “adelantos” eran: Alexis Moretti ($184.500), Marcelo Fonticiella ($ 355.000), Mauricio Ojeda ($ 75.000) y Patricia Alfonso ($ 90.000).

8.     Existen entrega de fondos a terceros, autorizadas por un funcionario de la Intendencia, que lejos estaba de ser ordenador de gastos.

9.     Se utilizaron como comprobantes de gastos facturas argentinas y brasileras, habiéndose destinado otros dineros a la adquisición de whisky, cervezas, bebidas energizantes y bebidas cola o al pago masivo de almuerzos (once), cuando en realidad se había anunciado realizar un viaje a la ciudad argentina de Córdoba.

10.Sólo en golosinas (caramelos) la Dirección de Turismo dispuso un gasto en dos partidas de $ 6.614 y de $ 8.820 a la empresa Sluckis; en total $ 15.434; pero la mercadería venía repartida en dos cajas, una de las cuales tenía como destino la ciudad de Trinidad.

11.En todos los casos de adquisición de bienes o de servicios con fondos recibidos a “rendir cuenta” los mismos habrían sido pagos sin orden previa de gasto y con anterioridad a dicha orden y se pretendieron justificar posteriormente, con documentos de fecha anterior a los mismos gastos.

12.Se realizó una importante compra en la barraca Aguiñagalde S.A por $ 15.783, mediante tres facturas de dicha empresa, siendo que la mercadería adquirida no se encuentra en poder de la Intendencia Departamental, según lo asegura el auditor del T.C.R y habiéndose dado orden verbal en dicha empresa de que los bienes le fuesen entregados a una persona ajena a la referida Intendencia, siendo que dichos bienes, no se hallan en poder del gobierno, ni fueron jamás registrados en los inventarios respectivos.

13.Los artistas contratados por la Dirección de Turismo bajo la cláusula de que el “precio era por todo concepto”, fueron beneficiados luego con el pago de almuerzos, de cenas y de alojamiento; esos beneficios se le otorgaron a 626 personas por un valor de $ 1.261.890.

14.Se procedió a hacer alojar en los bungalows de Termas de Arapey en forma gratuita a 584 personas por $ 1.900.795, sin que conste resolución alguna, mediante un aludido mecanismo de “premios” sin reglamento y sin que nadie verifique la existencia de los supuestos “premiados”, ya que en la Dirección de Cultura no existe registros que refieran a dicho eventos.

15.Los alojamientos gratuitos fueron autorizados, según manifiesta el citado auditor, alternativamente, por el Director de Termas de Arapey (Hebert Vázquez) o por el Director de Turismo (Marcelo Fonticiella).

16.Curiosamente no fueron halladas 25 libretas de “arribo”; lo que pone en evidencia la posible desaparición de su valor económico.

17.Igualmente eran frecuentes los alojamientos sin cargo en el Hotel Arapey, ordenado por los dos mismos funcionarios ya citados, de los que se pudieron constatar 626 casos. La evasión producida fue como ya se dijo y se reitera: para el caso del Hotel de $ 1.261.890 y para el caso de los bungalows de $ 1.900.795; lo cual totaliza 1.210 servicios por valor de $ 3.162.685.

18.Como un método engañoso en burla de la Ley, se adquirieron en dos compras separadas, contrariando la normativa legal, heladeras, frigobares, hornos, microondas, cocinas, termofones, secadores de pelo y aire acondicionado por un total de $ 1.335.290 y de $ 1.122.661, lo cual totaliza la cantidad de $ 2.457.951. Caso similar fue la adquisición de 33 acondicionadores de aire con instalación incluida por $ 293.258, lo que para colmo existe una factura paga aparte por la instalación , que – como se dijo- ya estaba incluida en el precio, por $ 61.927 y que evidentemente aumentó el monto de la adquisición, pagándose supuestamente en forma doble dicho servicio de instalación.

19.Diversos gastos aludidos a publicidad, aparecen entre documentación hallada, alguno de los cuales no corresponden a la competencia exclusiva y excluyente del Director de Turismo, como lo es una encuesta sobre la “ley de descentralización”, por cuyo servicio se pagó a la empresa AGORA en varias partidas un total de $ 646.393.

20.Otro tanto ocurrió con Rosina Alvarez, quien percibió la cantidad de $ 148.078 en varias partidas, por trabajos de “estudios varios”, sin que conste en la Intendencia ninguno de dichos trabajos, ni a que referían los mismos.

21.Igualmente la empresa JVR Producciones, percibió la cantidad de $ 572.600 en tres partidas y lo mismo la empresa Fe Producciones quien percibió con una factura de fecha anterior a la autorización, la cantidad de $ 354.760.

22.Existen artistas contratados para actuar el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar; lo cual es un imposible de toda imposibilidad.

23.Mediante declaración en acta notarial protocolizada (actuación de la escribana pública Lourdes Campanella), fueron entrevistadas diversas personas quien, medularmente declararon: unos, que la firma de los documentos exhibidos no les pertenecía así como el número de cédula de identidad; otros, no pudieron ser hallados en el domicilio constituido por no pertenecerles; la mayoría, manifestó que el documento se suscribió tiempo después de haber actuado; todos declararon haber recibido dinero de J. V. R quien dijo actuar por la Intendencia habiéndoselos entregado en el domicilio de cada uno, en el lugar del trabajo privado de Román o en algún caso en el lugar en que actuó el artista. J.V.R, según dichas actas, incluía en los documentos de la Intendencia Departamental un poder a su favor para percibir el dinero de los “artistas”; hecho que fue desconocido por (…..) quien se sorprendió de ver la cláusula de poder en el documento que lo involucra. Asegurando algunos que los contratos se acostumbraba a fraccionarlos en partidas de $ 7.000.

 

2- Elementos supervinientes

Mientras vuestra Comisión se encontraba cumpliendo las actuaciones encomendadas por la Junta, surgió como un hecho notorio el 15 de abril de 2013, la aparición en la dirección bajo investigación indirecta, de un correo electrónico que daba cuenta de la existencia de una cuenta bancaria radicada en el extranjero, más concretamente en Brasil, supuestamente a nombre de dicho servicio; lo que habría llevado al Ejecutivo Departamental a poner los hechos en conocimiento del tribunal penal competente y a solicitar al Banco remitente, aclaración del contenido y movimiento de dicha cuenta. 

3- Nuestra Responsabilidad

La ciudadanía eligió a los miembros de la Junta para que, entre otras actividades asignadas por el Constituyente, administráramos la hacienda pública; al igual que lo hace el Fiscal Letrado Departamental cuando actúa como representante del Ministerio Fiscal.

El haber sido advertida por el órgano de contralor legal, de creación constitucional, el Tribunal de Cuentas de la República, de los hechos reseñados precedentemente, hace que no podamos pasar en silencio, pues el silencio para el derecho, es esta emergencia, cobra virtualidad y nos transformaría – a no dudarlo- en cómplices de los posibles delitos cometidos.

 

4- Nuestro más absoluto convencimiento

Afirma categóricamente vuestra comisión, que se encuentra legalmente convencida de la existencia de ilícitos penales, que deben ser sancionados adecuadamente, como una forma de erradicar la posible corrupción en nuestro país.

Aquí no se trata de una “vendetta”, ni de un partido contra otro, ni de judicializar la política, se trata de que, si hay hombres, dónde quiera que se hallen, deshonestos y corruptos, deben recibir todo el peso de la Ley.

 

5- Daño a la sociedad salteña  

Es de una evidencia por demás palmaria, que todo los hechos relatados, muchos de los cuales pudieron ser cuantificados, arrojan para los salteños un daño patrimonial, que la sumatoria de las distintas partidas, no es menor  a la cantidad de 519.000 dólares, amén del contrato bancario ya aludido.

Sobre ello, la Junta Departamental, deberá promover acción civil; independiente de la promoción de denuncia penal, en la cual el dolo, como es sabido, tiene una distinta valoración jurídica en sede de delito y de cuasi delitos civiles, cometidos por hechos de funcionarios y de ex funcionarios, éstos a tenor de cuanto dispone los arts. 579 de la citada Ley N° 15.903 y 24 de la Constitución de la República.

 

6- Verbos nucleares aparentemente conjugados en la especie

El recibir dinero por prestaciones gubernamentales, fuera de la Caja del ente autónomo territorial Gobierno Departamental, supone en primer lugar una “apropiación indebida” si se encontraba con él en el ejercicio del cargo; caso contrario habría un evidente delito de “fraude”. Si de ese dinero, mediante artimañas, se apropiaron definitivamente, estamos en presencia de un delito de “estafa”.

Un hecho independiente, que parece surgir del dictamen del auditor, es la existencia de “falsificación de documentos públicos” u otros que atacan el bien jurídico “FE PÚBLICA”. El primero de los mencionados expresamente, no resulta punible, no así el segundo que de ninguna manera queda subsumido en la posible estafa y también la eventual falsificación material de documento privado (que resultará o no, una vez reunida en autos la prueba pertinente de cargo de la Fiscalía Letrada).

Además, el hurto de los brazaletes de identificación para el ingreso a Termas y la entrega “sin costo” de los mismos a “piacere” de quien obraba y la “desaparición de 25 libretas de “arribo” con los derechos que de ellas emergían, supone otro posible delito de “fraude”.

Existe asimismo, un delito de “defraudación tributaria” por haberse apropiado del importe del Impuesto al Valor Agregado (vendido) a nombre de la Intendencia, la cual se convertía en “retentor” de la dirección de Rentas (caja del Gobierno Nacional) poniendo además, al Gobierno territorial de Salto en una situación de “encono” con las autoridades nacionales, por la actividad de quien actuó con dolo en perjuicio del patrimonio del erario de aquel gobierno.

El comportamiento de los involucrados, parece de alguna manera consorciado para sustraer del erario “dinero fácil” en provecho propio; situación que deberá evaluar el Pretorio a efecto de la posible imputación de delito de “asociación para delinquir”, siempre que le fuere reclamado por el Ministerio Público.

 

7- Personas mencionadas en el aludido dictamen cuyas conductas deberían ser investigadas.

En el presente punto, la Comisión Investigadora identifica a varias personas entre empresarios, comunicadores y ex jerarcas, vinculadas  a la anterior administración.

 

Prueba complementaria

El informe señala que: “La que surja de las declaraciones de otros involucrados o beneficiarios gratuitos de los bienes públicos que deberían ser citados, de la evacuación  de citas pertinente y en el caso de existir contradicciones de los careos necesarios.

La prueba documental ya presentada por el Ejecutivo Departamental respecto del contrato de cuenta corriente bancaria reiteradamente citado, por el cual formuló denuncia penal en esa sede.

La práctica de pericias caligráficas, para determinar las firmas puestas en contratos “caché” que fueron negadas ante escribano público por los supuestos firmantes, quienes atribuyeron a otra persona, ser quien cobraba en la Intendencia y luego les pagaba.

 

8.- Derecho a ser oídos

La Comisión aplicó el principio según el cual “audiatur altera pars” y citó a los responsables del servicio involucrado quienes además aparecen como principales implicados, a saber: Marcelo Fonticiella y Habert Vázquez, quienes negaron su concurso y M. E quien no concurrió y F. M y A. M, quienes depusieron a tenor del interrogatorio que se les formuló; lo que hace presumir en contra de los ausentes la admisión de los hechos consignados por el Tribunal de Cuentas, por cuanto los mismos están recogidos en documentos público que ha merecido amplia publicidad, ha sido “colgado” en la página WEB del referido tribunal.

 

9- Petitorio  

Por lo expuesto, vuestra Comisión, en el entendido de que ha dado fiel cumplimiento a la misión encomendada por el Plenario, propone de conformidad con el art. 11 del Reglamento, se adopte la siguiente

 

RESOLUCIÓN

1)    Procédase a formular ante el Tribunal Penal competente, denuncia en los términos de que da cuenta el informe de fecha 28.82013 de la Comisión Especial de la Junta Departamental.

2)    Reclamar al Ejecutivo Departamental iniciar acción civil ordinaria con inmediata adopción de medidas cautelares, contra las personas involucradas en los hechos denunciados, por un monto mínimo de 519.000 dólares, más el interés legal respectivo del 12% anual y las costas y costos de dicho proceso.

3)    Dar por concluidas las actuaciones al Ejecutivo Departamental, al Tribunal de Cuentas de la República y a la Presidencia de la Asamblea General.